En el marco del inminente proceso de reforma constitucional en Santa Fe, que comenzará el próximo 14 de julio, la Municipalidad de Rosario, la Red Argentina de Fiscalías Ambientales y la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia organizaron un conversatorio para debatir el capítulo ambiental que podría incorporarse en la nueva Constitución provincial.

El encuentro fue inaugurado por el Dr. Rogelio Biazzi, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario; y Mónica Peralta, Subsecretaria de Cambio Climático de la Provincia. Durante el evento, se desarrollaron dos es de alto nivel. El primero fue moderado por el Dr. Jorge Barraguirre, Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y reunió a figuras clave del derecho ambiental a nivel internacional: el Dr. Antonio Vercher Noguera, Fiscal Ambiental ante el Supremo de España y presidente del CE; y el Dr. Luciano Loubet, Fiscal de Brasil, integrante de la REDEMPA y miembro de la Asociación Brasileña del Ministerio Público de Medio Ambiente (ABRAMPA).

El segundo estuvo compuesto por referentes del ámbito académico y técnico de Rosario: la Dra. Pilar Bueno Rubial, Subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa de la Municipalidad; el Dr. Matías De Bueno, Secretario de Política Ambiental de la UNR y presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados; y la Lic. Valentina Barquero, Directora del Área de Democracia y Vínculos para el Desarrollo de la FNGA, quien disertó en representación del Comité Asesor frente al Cambio Climático de la Municipalidad de Rosario.

Barquero destacó: “Estamos frente a una oportunidad histórica que no solo implica una actualización normativa, sino que también creemos que es una posibilidad concreta de redefinir nuestro contrato social como provincia”. También advirtió que declarar derechos no es suficiente si no hay condiciones para implementarlos: “Necesitamos financiamiento real para políticas ambientales que impulsen la economía circular, el empleo verde y la producción y el comercio sostenible”. Asimismo, señaló que Santa Fe podría convertirse nuevamente en una provincia pionera, como lo fue en 1962, si incorpora una normativa moderna, alineada con los desafíos del siglo XXI.

Valentina también hizo énfasis en la necesidad de que la dimensión ambiental no quede limitada a un capítulo aislado, sino que atraviese toda la Constitución. “No podemos seguir planificando ciudades sin pensar en resiliencia climática. El enfoque ambiental debe ser transversal: no podemos hablar de salud, educación o justicia sin hablar también de ambiente”, subrayó. Además, resaltó la importancia de garantizar el a la información pública, la educación ambiental como política de Estado –según lo establece la Ley Nacional 27.621–, y el efectivo a la justicia ambiental, incluyendo herramientas como el amparo específico y la obligación de recomposición en casos de daño ambiental. A su vez, hizo hincapié en la urgencia de regular el ingreso de residuos peligrosos y el fomento a las energías renovables.

El conversatorio no sólo evidenció el consenso técnico y político sobre la urgencia de incorporar una perspectiva ambiental sólida en la Constitución, sino que también dejó claro que Santa Fe tiene la oportunidad de liderar una transición justa y sostenible, con una norma que mire al futuro.