Con una holgada mayoría y pese al rechazo oficialista, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en el país hasta el 31 de diciembre de 2026. La votación fue celebrada por referentes del sector pero anticipan que "muy probablemente" el presidente Javier Milei vete el proyecto si también tiene el visto bueno del Senado.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1º de diciembre de 2023, conforme a la inflación acumulada en el período, y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio.
"Esto constituye un logro, pero es un paso de un largo camino que ahora tiene como siguiente etapa el Senado de la Nación", resaltó la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero. Y agregó: "Venimos construyendo una red de trabajo y seguiremos en la construcción para lograr esta segunda etapa y seguir encarando las que se vienen, como puede ser muy probablemente el veto".
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Personas con discapacidad y sus familiares reclaman por una ley que actualice los montos de las prestaciones desde hace meses.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Ante la posibilidad de que el presidente Milei vete la iniciativa en caso de que también sea aprobada por los senadores, Chapero aseguró que en el sector hay personas que no tienen tiempo para esperar por acciones que se tomarán luego de esa eventual medida: "Lamentablemente, hay prestadores y personas que están en una situación muy compleja, pero seguiremos trabajando para que nuestro país pueda resguardar los derechos de su población y que las personas con discapacidad y los trabajadores del sector estén amparados por condiciones que garanticen, mínimamente, una vida digna".
Voces en el Congreso
Durante su intervención antes de la votación, la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Soledad Carrizo sostuvo: “Este sistema de discapacidad está necesitando que nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.
Por su parte, la representante de Democracia para Siempre Melina Giorgi consideró: "El equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derechos y deben ser respetados”.
A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi reclamó: "El colectivo que debe ser asistido por discapacidad debe recibir lo que merece y que realmente podamos llevar adelante cambios significativos que cambien su vida”.
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En tanto, el legislador Eduardo Valdés (Unión por la Patria) alertó que los transportistas que asisten a las personas con discapacidad “no están pudiendo hacer su trabajo porque les pagan 500 pesos por kilómetro. No venimos a echar culpas sino a querer resolverlo”.
La Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que la compensación por el desfase entre el valor de la prestación y la inflación de 2024 tiene un costo 278.323 millones de pesos. La sanción de la declaración de emergencia en discapacidad venía siendo reclamada por diversos sectores en todo el país, que vienen realizando marchas para reclamar a los legisladores que sancionen una ley para actualización los valores de las prestaciones y de las pensiones.