El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe inició este miércoles el desmantelamiento de un búnker de drogas por una causa provincial. La supuesta vendedora trabajaba a pocas cuadras de La Siberia, uno de los predios principales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El operativo arrancó a las 8 de la mañana por una orden de cese de estado antijurídico en Beruti al 1800. Un grupo de policías se encargó de la custodia de la cuadrilla dentro de una vivienda precaria que fue allanada la semana anterior por la Prefectura Naval Argentina (PNA).

La fiscal Ana Julia Milicic confirmó que el día del procedimiento encontraron a personas menores de edad en una casilla con "condiciones inhumanas". Si bien estaban en el mismo sitio que los consumidores y la única sospechosa detenida, ninguna de ellas estaba involucrada en la comercialización de estupefacientes.

Venta de drogas cerca de la universidad

El pedido de derribo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corresponde a una investigación que demandó tareas de inteligencia durante más de dos meses. La pesquisa comenzó con denuncias anónimas de vecinos a pocas cuadras del Centro Universitario Rosario (CUR).

La funcionaria encargada de la causa recordó que los agentes de las fuerzas de seguridad actuaron en forma encubierta para hacer un seguimiento de la venta de drogas en el pasillo ubicado entre Cochabamba y Pasco. Una vez que corroboraron la operatoria, Prefectura ingresó al domicilio y arrestó a la mujer que atendía a los compradores.

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Celeste V. quedó bajo prisión preventiva por 90 días a partir del secuestro de 63 bochitas de cocaína con un peso total de 42 gramos y otros 30 gramos de marihuana sin fraccionar. Los uniformados también se llevaron tres teléfonos celulares y $144.150 en efectivo.

"Esto era lo que pedían los vecinos. Ahora tenemos las herramientas para ayudarlos desde el ámbito penal", manifestó Milicic respecto de la demolición. Mientras la actividad en La Siberia se había reducido al mínimo por el paro en la UNR, el equipo contratado por el gobierno provincial comenzó a tirar abajo la casilla porque ni siquiera era viable darle otro uso en su estado actual.

La fiscal remarcó que la venta de drogas generó "un montón de delitos conexos" en República de la Sexta, desde los disturbios de personas con consumo problemático hasta balaceras. Aunque la medida judicial corta el eslabón inferior de la cadena de comercialización, la representante del MPA confirmó que buscan a las personas que están detrás de la istración del búnker demolido.