Cuarenta años de democracia: el peso del Fondo

Cuando la propuesta electoral radical encabezó la vuelta democrática de 1983, el país ya tenía bajo el brazo nueve acuerdos de condicionalidad fuerte _stand by_ con el Fondo Monetario Internacional (FMI), durante el alfonsinismo se firmarían tres acuerdos más que se agregarían y compartirán los patrones recesivos y de distributivos regresiva del ingreso que presentaron los entendimientos pasados y futuros.

Como en las 9 negociaciones anteriores, y en las 7 que sucederán al gobierno radical, los programas del organismo multilateral buscaron contribuir a mejorar transitoriamente el balance de pagos con el objeto de estabilizar la economía, objetivo logrado pocas veces y a medias tintas, pero por el que se pagó un alto precio en términos de producción, ingreso y empleo, propiciando el aumentó la deuda externa y la fuga de capitales. Cualquier similitud con la actualidad no es pura coincidencia.

Al retirarse del poder, el gobierno militar dejaba una herencia económica poco menos que catastrófica: el país se hallaba en plena recesión, con una desocupación creciente y una deuda externa de casi u$s 45.000 millones _el 70% del PBI_ y sin reservas internacionales. La inflación campeaba en torno al 400% anual.

La democracia volvía como modelo político en Argentina, pero con sus resortes empastados y su capacidad soberana restringida, sobre todo, por el abultado endeudamiento externo. El descalabro crediticio que escondía las atrocidades del liberalismo económico de la dictadura, no solo enfrentó al gobierno radical, en su asunción, a u$s 20.000 millones en mora, sino que le heredó una deuda que quintuplicaba las exportaciones anuales del país, y que se veía seriamente afectada por el aumento de tasas de interés internacionales.

Aquel sobrecrédito que agobiaba al Estado, obstaculizó la concreción de las aspiraciones populares acumuladas a lo largo de todo el proceso opresivo castrense. La demanda civil por excelencia, la elevación de salarios, se vio profundamente debilitada por la insuficiencia asfixiante de divisas.

El gobierno, bajo la istración económica de Bernardo Grinspun, eligió renegociar la deuda con los tenedores privados alejando la posibilidad de impugnar o desconocer el crédito tomado por la gestión autoritaria. El ministro esperaba una renegociación exitosa para poder saltear las exigencias depresivas de un acuerdo con el FMI pero los bancos no estaban en la misma sintonía y exigieron la intermediación de la entidad con sede en Washington. Así en diciembre de 1984 este aprobó el undécimo stand by por u$s 1.450 millones. Cuando el oficialismo intentó matizar las exigencias con políticas heterodoxas, que muy pronto el fondo desaprobó, suspendió el acuerdo y Grinspun quedó en el camino.

Si hasta ahora el reflejo con la actualidad se encuentra algo pixelado, las exigencias externas que Argentina no pudo diluir sobre fines de 1984 aclaran un poco la imagen. El undécimo memorándum de entendimiento al que fue arrastrado el país empujó al ejecutivo a buscar el saneamiento de las cuentas públicas y a ajustar la política monetaria y fiscal. La elevación de las tarifas de servicios públicos, el alza de la tasa de interés local y la corrección del tipo de cambio deprimieron la economía interna e impulsaron la inflación. Puede verse que las recomendaciones son y serán el menú que sirve el fondo para todo tiempo y lugar.

Sobre llovido mojado. El gobierno esperó recomponer la economía a fuerza de excedentes del comercio exterior. Pero el lento crecimiento mundial, fruto de la disputa comercial entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, ralentizó la expansión mundial, pegando de lleno en la demanda del producto argentino por excelencia, las exportaciones agrícolas y deteniendo cualquier atisbo de provisión de divisas por el intercambio.

Deuda, escasez de divisas y políticas de ajuste inducidas por el Fondo se combinaron con una errónea lectura del oficialismo acerca del momento histórico que atravesaba el país. Como recuerda el historiador y economista Mario Rapoport, el gobierno veía una Argentina que ya no existía, se percibía una estructura económica que había sido mutilada y transformada por la dictadura. El antiguo esquema industrial fabril se reemplazó por uno financiero, agrícola y, cada vez más, extranjerizado.

Ante la recesión económica y el abandono del FMI, el nuevo equipo económico comandado por Juan Vital Sourrouille vuelve a buscar el apoyo del organismo mediante un plan de estabilización. Se expone el as bajo la manga del flamante Ministro: el Plan Austral.

Como retoma Noemí Brenta en su repaso de la historia del FMI con Argentina, el Plan Austral se discutió con el Fondo previo a su lanzamiento en junio de 1985 y a la reanudación del stand by suspendido, pero a pesar de su éxito inicial, en 1986 el gobierno pidió una dispensa por incumplimiento de las metas inflacionaria, fiscales y externas.

En julio de 1987, en el marco del Plan Baker –que recomendaba acompañar el ajuste con reformas estructurales orientadas a reducir el rol del Estado en la economía, favorecer a las empresas y facilitar las importaciones y los movimientos de capitales–, la Argentina solicitó su duodécimo stand by con el FMI, por u$s 1.400 millones, con los objetivos de controlar la inflación y mejorar el balance de pagos, ante la caída de las exportaciones y las reservas.

Pero, como en los programas anteriores, sus metas no se alcanzaron, y en 1988 la deuda externa comenzó a acumular atrasos, a pesar del ajuste permanente y la declarada voluntad del gobierno de Alfonsín de atender los pagos prometidos desencadenaron una hiperinflación de magnitudes históricas. El reinicio de la democracia en Argentina, chocó de frente con el endeudamiento externo y los grandes grupos de interés del nuevo país moldeado a sangre y fuego por la última dictadura cívico militar. El ejercicio de una soberanía a medio camino constituyó uno de los elementos fundamentales sobre los que se erigieron los planes de ajuste y desmembramiento público de los 90 que terminaron por generar la crisis económica, política y social más grande de la historia Argentina a inicios de los 2000.

Hoy, con la vuelta de las requisas trimestrales del Fondo Monetario, que empujan a los funcionarios es a naturalizar el saneamiento sistemático de las cuentas públicas, a la población a aceptarlas bajo el “no queda alternativa” y a la oposición a prometer un mayor, y más agresivo, saneamiento, se vuelve profundamente necesario recordar que estos caminos ya fueron transitados.

El final siempre es el mismo, obligar a limitar la capacidad transformadora de la política y la utilización de las variables macroeconómicas como herramientas de desarrollo dejando heridas profundas en el tejido económico, social e institucional de la República, afecciones que se expanden y multiplican con cada nueva intervención del organismo.